Periodismo y poder: entre la libertad para informar y el peligro de la censura

Periodismo y poder: entre la libertad para informar y el peligro de la censura
Este lunes 1 de febrero se presenta el nuevo Observatorio para la Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario y la Fundación D’Artagnan. Germán Ortiz Leiva, quien coordina actualmente las tareas del Observatorio, hace el siguiente análisis sobre la libertad de informar y el peligro de la censura.
 
Bogotá, enero 29 de 2016. Es pertinente recordar la tensión creciente entre el ejercicio de informar por cuenta de la prensa y la presencia de las distintas instancias de poder cuya relación con los medios de información, por definición conflictiva, es necesaria ya que a través de ella, los periodistas pueden contarles a los ciudadanos lo que hacen los poderosos y a su vez estos, saber lo que piensan sus ciudadanos.
 
Lo paradójico del asunto es que dicha tensión surge del ejercicio de poder que se da tanto por cuenta del periodismo al informar lo que acontece, como por parte de los políticos, las fuerzas armadas, la iglesia, los empresarios o las organizaciones sociales ejerciéndolo en aras de lograr sus objetivos desde posturas ideológicas que definen su propia naturaleza. Si no ejercieran el poder, perderían su condición de gobernantes y en el caso de los políticos por ejemplo, los ciudadanos les sancionarían en las urnas por incapaces.
 
Pero si los periodistas incumplieran su función de veedores del interés del público –el que requiere entender del entorno para encontrarle un sentido social al presente- la opinión pública estaría desinformada y sería presa fácil de actos y situaciones generadas desde el poder en las que se oculta información en torno a intereses mezquinos y desmanes por cuenta de  quienes lo detentan.  
 
Es el caso a propósito del escándalo del Defensor del Pueblo –uno de los cargos con mayor influencia y poder en Colombia- precisamente no solo por la dimensión del presupuesto que ejecuta sino por la cantidad de personas a cargo y las funciones que le competen. Por supuesto igual sucede en el caso de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía Nacional entre otros. 
 
Al renunciar el ex defensor Otálora resume todo como un “superficial escándalo mediático” refiriéndose con desdeño a las columnas de Daniel Coronell en la Revista Semana y al eco que hicieron otros medios de una información sin la cual el hecho no habría pasado de ser una simple acusación por cuenta de una subalterna resentida por las “exigencias laborales” de su jefe. 
 
Al respecto algunos sectores de opinión podrán considerar que el periodista finalmente logró su cometido, al desatar una sanción ejemplar para un funcionario público de alto nivel enredado en hechos bochornosos que deslucen no solo su condición oficial, sino también la de persona  sin la dignidad necesaria para ocupar el  cargo que le compete.
 
En otras palabras, los medios de información cumplieron su rol dentro del cuarto poder en la sociedad. De guardianes de los intereses públicos, de fiscales  de los recursos y las dignidades del estado según lo indican las decisiones tomadas al respecto por la misma Procuraduría General que parece no haber contado con más pruebas que las presentadas por la prensa misma.
 
Y aunque el escándalo efectivamente resulte muy mediático por los detalles e intríngulis involucrados, evidencia una vez más la confrontación entre el poder de la información que se hace pública y lo que hacen los políticos como hombres de poder quienes consideran que dicho reconocimiento para sus actos no es el más adecuado e incluso en ocasiones improcedente.
 
En tanto, los medios de comunicación consideran que es parte de su compromiso con la sociedad el divulgarlo bajo un evidente activismo que los conduce a desafiar abiertamente el poder vigente. Baste recordar la polémica desatada por el periodista mexicano Jorge Ramos unos meses atrás en medio de una rueda de prensa con Donald Trump en torno a sus ideas sobre la inmigración en los Estados Unidos, los notas recientes publicadas por la emisora La FM sobre las propiedades de los generales de la policía, las denuncias de acoso sexual de su director, las inconveniencias de ciertos acuerdos en un proceso como el que se da con las FARC en la Habana, entre otros. 
 
En el caso colombiano, tales denuncias han conducido a voceros del alto gobierno a salirle al paso a las críticas de la opinión pública, bajando el tono del asunto con afirmaciones como la que asevera que por ahora no se tomarán decisiones ya que el estado no puede estar respondiendo a cada escándalo difundido por la prensa producto de rumores y anónimos contados a los periodistas.
 
La tensión es tan evidente no solo en Colombia sino en muchos lugares del mundo contra este activismo informativo por cuenta de la prensa, que de un tiempo para acá algunos líderes políticos le califican de “terrorismo mediático”, que ha conducido incluso a optar por leyes que regulan y/o censuran a los medios de comunicación al trazarles de forma ambigua, los límites de una información que debe supeditarse al interés en aras entre otros asuntos, de la seguridad nacional,  el interés del estado en la defensa de los derechos de potenciales víctimas, la tranquilidad ciudadana para ser  informada sobre delitos y crímenes que les agobian o el honor de unos funcionarios que representan la nación misma, al contarse  en público detalles truculentos de su entorno familiar e íntimo.
 
Lo que desconocen quienes argumentan en dicho sentido, es la necesidad de proteger al ciudadano del común no tanto por lo que sabe como por aquello que se le oculta. Para un sistema democrático su buen devenir está en la posibilidad de enriquecer el debate público con posiciones diversas y confrontadas. Con cuestionamientos amplios que motiven consensos y salidas en los mejores términos para todos. Es el logro de uno de los derechos más importantes de las democracias modernas como el de su libertad de expresión.
 
De configurar una agenda informativa desde un periodismo independiente si se quiere activista por los derechos humanos, la justicia, el cuidado de los recursos públicos, la protección del medio ambiente, la defensa de la vida, que permita un escenario más adecuado para la estabilidad democrática y la permanencia de sus propias instituciones.
 
Mayor información
Carlos Roberto Reyes
Jefe de Comunicaciones y Prensa Universidad del Rosario
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