Construyamos una nueva cultura de paz

Construyamos una nueva cultura de paz

abril 13 de 2015

Promover una nueva cultura de paz implica construir solidariamente formas de ver, vivir y sentir la ausencia de violencia abierta, estructural y cultural.

Como una etapa del proceso de construcción de paz que estamos adelantando los colombianos, en la presente semana se celebrarán diversos eventos y actividades sobre la materia, donde participarán escritores, analistas, artistas y científicos sociales que, en forma pluralista, expresarán en diferentes escenarios sus aportes y puntos de vista. Ahora bien, como una contribución al debate, me permito presentar un conjunto de reflexiones -distintas y complementarias- en torno al tema.

¿Qué implica construir en nuestros días y para los próximos decenios, una nueva cultura de paz? Las siguientes trece reflexiones son mi aporte que condensa aspectos sustantivos de mis elaboraciones sobre el tema, en los últimos años. Estudiémoslas y ampliémoslas con conciencia crítica; actuemos como demócratas respetuosos de nuestros preceptos constitucionales.

i. La construcción de una cultura de paz. Entiendo que la construcción de una nueva cultura de paz es un proceso interdisciplinario dirigido a organizar sistemáticamente formas de ver, vivir y sentir la ausencia de violencia abierta y estructural, dentro de los parámetros de un modelo de desarrollo sostenido, centrado en lo humano.

ii. Nuestra Constitución y la paz. En términos constitucionales, se me presenta de gran utilidad correlacionar, por ejemplo: el Preámbulo y los artículos 2, 22, 67, 95, 189 y 218. Según la Constitución, existe una urdimbre entre el proceso de construcción de la paz, los derechos ciudadanos, la educación, el deber de todo ciudadano de participar para construir y mantener la paz, y el deber de los colombianos de engrandecer la comunidad nacional, dentro de un marco jurídico democrático y participativo.

iii. El modelo de desarrollo. Pensando con visión de futuro, estamos en la obligación de institucionalizar un modelo de desarrollo que nos permita enfrentar eficaz y eficientemente las modalidades de las violencias abiertas y estructurales que se han padecido. Más aún, no olvidemos que, los ingredientes contemporáneos de la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, las bacrim, la explotación minera ilegal y sus variantes y combinaciones, ponen en serio peligro el desarrollo futuro de la democracia participativa.

iv. Los derechos humanos y la paz. Conocemos que la paz debe ir de la mano de los derechos humanos y de la construcción democrática en todos los ámbitos. ¿Cómo no tener en cuenta que “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”? Reflexionemos con Bobbio: Leamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y miremos alrededor: “¡Cuántas víctimas inocentes de crueles guerras, cuánto espíritu de atropello, de dominio, de perversidad, de desprecio al débil, de ciega envidia del fuerte! ¡Cuánto fanatismo! ¡Lejos queda la dignidad de la persona!”.

v. La paz: Un derecho y un deber. ¿Cómo olvidar que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? ¿Por qué no retomar en las instituciones educativas, su vocación de constructoras de paz, difundiendo en todos los establecimientos una nueva cultura inspirada en nuestros preceptos constitucionales?

Urge un replanteamiento del Ministerio de Educación al respecto. Hay que modificar los programas académicos desde el preescolar hasta la educación superior, para que sus contenidos curriculares y enfoques pedagógicos promuevan la construcción de capacidades, competencias y habilidades en torno a la cultura de paz. Esta tarea, bien hecha, llevará decenios; iniciémosla con dimensión de profundidad. Estamos convocados a formar nuevos sujetos políticos; no podemos olvidar que en nuestro país la democracia participativa es incipiente; debemos construirla con responsabilidad.

vi. Los estudios sobre la paz. Si de un lado la academia ha estado, en diferentes convocatorias públicas, a favor de un nuevo esquema de convivencia, de otro es necesario que se funde esa intencionalidad en una nueva vocación de servicio: la de repensar y elaborar los procesos de paz simultáneamente.

No olvidemos que la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red Universitaria por la Paz (REDUNIPAZ) deben seguir produciendo resultados para facilitar la presentación de alternativas complementarias que sean viables de implementación. El espíritu belicista debe ser confrontado por una muy bien informada y planeada solución política negociada.

vii. La legitimidad del Estado. Tengamos presente que quien encarna la legitimidad del Estado, para el manejo al más alto nivel del proceso de paz es, en nuestro régimen presidencial, el Presidente de la República.

viii. Necesitamos una política de Estado. Es necesario que sigamos diseñando y ejecutando una política de Estado que, garantizando la supremacía del sistema político, facilite una salida negociada; esa política debe desembocar en la terminación del conflicto y ulteriormente del proceso.

ix. La mediación internacional. El papel desempeñado por la mediación internacional ha demostrado –hasta la saciedad- que es indispensable la presencia internacional para la verificación de los Acuerdos y el acompañamiento al proceso general.

x. El uso privativo de las armas. En un Estado de derecho, el uso privativo de las armas solo compete legítimamente a nuestras Fuerzas Militares.

xi. La construcción de la paz y las víctimas. Frente a las víctimas, hay que buscar puntos de consenso en torno a la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Al respecto, hay aportes significantes y las actividades de esta semana profundizarán en la materia.

xii. Los medios de comunicación y la paz. Como lo ha afirmado con precisión el Ministro Alfonso Gómez Méndez, no es conveniente que “conviertan a los comandantes militares de la guerrilla o de las autodefensas, en grandes protagonistas dándole campo ilimitado a la apología bélica, sin anteponer los filtros y cuestionamientos necesarios para que la opinión ciudadana adquiera una percepción equilibrada y objetiva de sus actos y propósitos… No resulta aconsejable colocar en un plano de igualdad a los actores armados, al margen de la ley y a quienes legítimamente actúan dentro del Estado de Derecho…”; y

xiii. La construcción de la paz y las tareas del posconflicto. Es indispensable planear cuidadosa y sistemáticamente las labores a desarrollar en el posconflicto por parte de: Los organismos de control del Estado, las Cortes y el poder judicial, los medios de comunicación, los partidos políticos, las Fuerzas Militares, las universidades, los industriales y comerciantes, el sindicalismo democrático, los trabajadores urbanos y los agricultores, y la intelligentzia colombiana, para enfrentar las practicas agenciadas por los patologizados en búsqueda de poder; por los politiqueros que han desvirtuado el arte y la ciencia de la política; y por los corruptos que permean amplios espectros de la sociedad colombiana.